Derecho de adecuada defensa en materia penal
Palabras clave:
derecho a la adecuada defensa, derechos humanos, garantías constitucionales, reforma constitucional en materia penalResumen
La transición del Estado Mexicano hacia un sistema democrático, trajo consigo de 2008 a 2011, una serie de cambios constitucionales a nivel federal que constituyeron un precedente significativo para dotar a la carta magna de los componentes necesarios que garantizaran desde diversas vertientes, una amplia protección a los gobernados.
La reforma al sistema de justicia penal, así como la reforma en materia de derechos humanos, sin duda, redireccionaron la agenda pública para centrar la atención en este último tema e incorporar el derecho internacional de los derechos humanos con el fin de subsanar las deficiencias estructurales que existían e impedían su eficacia en el orden jurídico nacional.
Estas reformas constitucionales, la de seguridad y justicia tuvo como finalidad el transitar hacia un sistema garantista, mientras que, la de derechos humanos sentó las bases para ampliar el rango de protección de los gobernados, al mutar la denotación de garantías por derechos humanos, lo que implica el interés que subyace para que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno incursionen en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Esto cobra sentido, si atendemos que la constitución federal impuso a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Procurar la garantía de esos derechos humanos equivale a generar, por parte de los órganos del Estado, mecanismos legislativos o institucionales que permitan construir el andamiaje necesario para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los gobernados cuando estos, se vean afectados.
Bajo ese contexto, el derecho fundamental a la adecuada defensa en materia penal, cobra singular importancia, al ser parte de ese bloque de obligaciones que las autoridades están obligadas a garantizar, de ahí que el estudio de este tema resulte de transcendencia, porque analizar y comprender sus alcances, nos permitirá, sin duda, esclarecer algunos de los aspectos que inciden para su eficaz ejercicio.